Almendrera

En ABC tienen una periodista de nombre pseudo urbanístico que nos brinda a menudo auténticas perlas sobre la política municipal de vivienda, se llama Sara Medialdea y le encanta ofrecernos gratis publicidad sobre las operaciones que gestionan los munícipes madrileños, con profusión de datos y apostillas, como si el mucho contar fuera contar bien. No es el caso. Pero es que, además, algunas de las morcillas que mete son una auténtica descalificación de la empresa privada, del mercado y del estado de derecho.

Hoy me centraré en un pequeño párrafo con el que remata la explicación sobre un novedoso sistema de promoción pública de viviendas en Madrid, un sistema concertado con el que el Ayuntamiento intercambiará con las promotoras privadas suelo. El Ayuntamiento se quedará con el suelo protegido de los privados y les pasará el suelo libre del que dispone -todo esto sin contarnos cómo cuadran las diferencias de valor patrimonial es un canto de sirenas (o ¿es que son tan bondadosos que el ruido de fondo de cuánto nos cuesta a los madrileños nos lo quieren evitar como si no quisieran darnos sustos ni dolores de cabeza?). En primer lugar muy cuestionable el invento (y no hay datos para enjuiciarlo, más allá de la declaración de intenciones supuestamente bienintencionadas que destila el texto, y que yo no me creo) pero vayamos a lo nuestro, a esa pequeña perla que nos regala Medialdea al final (pueden leer el artículo completo aquí):

Además, se intenta con este método evitar el fraude del suelo protegido-ya que lo promoverá directamente la Administración- y se podrán desarrollar proyectos de viviendas medioambientalmente sostenibles.


Observen Vds. los diversos desatinos del párrafo, nimio en el conjunto del artículo pero matón.

• El modo de evitar el fraude de ley no es perseguirlo sino sustituir la iniciativa privada por la pública - ¿no estamos en un estado de derecho? ¿no estamos en una economía de mercado? ¿cuánto fraude han detectado? ¿qué han hecho para perseguir el ocurrido?
  
• El modo de desarrollar viviendas mediombientalmente sostenibles es que las promueva la adminsitración pública: la normativa técnica es igual para públicos que para privados; si los privados no las hacen mejor que lo que marca la normativa es porque (1) no las demanda el mercado y (2) encarecen el precio final. Si la Adminsitración pública puede hacerlas (que está por ver) ¿cómo hace frente a su sobrecoste?, ¿se lo cobra a los compradores encareciéndoles el coste de la vivienda a unos señores que no tienen opción a decir si quieren o no una vivienda medioambientalmente sostenible o lo pagamos todos porque cubre los sobrecostes con los impuestos y el presupuesto municipal?.

Los medios periodísticos están llenos de periodistas que escriben lo que les cuentan, sin añadir un ápice de indagación y lógica. Les dictan, copian y se quedan muditos (o muditas).

Y, en este caso concreto, no crean Vds. que la oposición va a hacer mucho por este asunto, dirán alguna banalidad más y se quedarán esperando que llegue su turno de seguir recreciendo la promoción pública de vivienda (porque con tanto privado malo hay que hacer mucha, muchísima vivienda pública). Sólo una mini reflexión: en cada programa electoral prometen más vivienda pública y/o protegida y los precios siguen subiendo. ¿Se pondrá alguien alguna vez a pensar y a contarnos para qué sirve tanta vivienda pública y protegida, aparte de para pedir (¿y conseguir?) más votos?.